El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del SNS supuso un cambio importante para el modelo farmacéutico en las residencias. Esta normativa plantea vincular los centros “asistenciales” de más de 100 plazas a la farmacia hospitalaria, presuponiendo que todos los hospitales tienen (y tendrán) capacidad para asistir de manera permanente a las necesidades concretas y específicas de todos los centros sociosanitarios de más de 100 camas.

Me pregunto ¿qué habría pasado si las residencias hubieran dependido de los servicios de farmacia de los hospitales, total y absolutamente desbordados, durante 30 días en marzo de este año? ¿Qué habría pasado con esas residencias si hubieran dependido de atención primaria, que siete meses después, siguen sin atender presencialmente y, en algunas ocasiones, ni descuelgan el teléfono?

Derecho a la libertad de elección

El RD plantea un escenario que no tiene nada que ver con el actual y choca, por ejemplo, con el derecho de la libertad de elección de los ciudadanos que viven  en las residencias y el resto de centros sociosanitarios.

Los ciudadanos no son enfermedades, no se les puede homogeneizar; son personas que tienen derecho a elegir, sobre todo cuando no se pueden aludir cuestiones de eficiencia. El sistema actual de atención a las residencias en torno a la farmacia comunitaria ofrece los servicios de manera más rápida, adaptada, específica e individualizada a cada uno de los pacientes de cada centro.

Las ventajas son claras. Actualmente, hay una disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana y una coordinación absoluta con el personal de enfermería y médico de las residencias. Las farmacias que asisten a las residencias están plenamente especializadas en el servicio, durante décadas en algunos casos, y prestan una disponibilidad inmediata que redunda en una mayor eficiencia de los recursos humanos y sanitarios de los centros.

Inconvenientes de un modelo sin farmacia comunitaria

Las desventajas del modelo que impone descartar a las farmacias comunitarias son también claras. Según las pruebas piloto y los modelos que ofrecen las sociedades que han aportado documentación al respecto, se imponen unos días a la semana para la entrega de la medicación, imponen la contratación con cargo a la Administración Pública de más personal, personal cuya existencia estaría justificada en determinadas situaciones, pero ¿qué hacemos con ese personal si los centros a su cargo cierran o se trasladan?

Imponen una restricción del vademécum, pues la residencia solo recibiría las marcas de los laboratorios con los que el gerente concierta las compras. Esta es la clave, se restringe el vademécum para los ciudadanos que viven en residencias medianas o grandes. Sin embargo, Las farmacias estamos obligadas a dispensar la marca o genérico que corresponda con el consentimiento expreso del ciudadano, y así lo tenemos que reflejar en cada receta y de acuerdo con normas de eficiencia y minimización de coste para la Consejería de Sanidad.

Otra desventaja parte del concepto de conciliación. La conciliación consiste en que los medicamentos a los que accede un ciudadano en un hospital no son los mismos que en una farmacia comunitaria. Por ello, cuando un paciente abandona un hospital, debe pasar por un proceso de conciliación, es como una especie de transición; ¿por qué hacer pasar al ciudadano por un proceso de conciliación?, ¿por qué tiene que avisar al centro cuándo se va de vacaciones o cuándo se va momentáneamente a vivir al domicilio de uno de sus tutores?

Garantía de no desabastecimiento. Como ya he mencionado antes, los hospitales trabajan solo con ciertas marcas, las farmacias comunitarias trabajan con todo el vademécum y, además, ofrecen soluciones tecnológicas para, mediante modelos colaborativos, compartir stocks de manera inmediata.

La otra desventaja es que genera desigualdades porque, según los protocolos de las sociedades hospitalarias que lo quieren implantar, las farmacias hospitalarias solo se harían cargo de la medicación crónica, no de la aguda. Esta sí que debería llegar desde la farmacia comunitaria. Me pregunto quién haría llegar ese colirio, o esa cajita de antibiótico de manera puntual. Sin hablar del concepto de “continuidad asistencial”, pues los historiales no estarían y debería generarse la herramienta para poder compartir entre hospital y comunitaria (con la que sí o sí se cuenta) el historial clínico y farmacológico. Esto último es clave para poder manejar conceptos como toxicidad aguda, subaguda y, sobre todo, retardada.

Por Rubén Martín. Secretario general de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (Adefarma)