Carta de Juan Ignacio Vela Caudevilla, presidente del GRUPO SOCIAL LARES, enviada a Pedro Sánchez, presidente del GOBIERNO DE ESPAÑA , el pasado 12 de marzo.

 

Estimado Sr. Presidente:

El GRUPO SOCIAL LARES es la entidad que agrupa a los centros y servicios del sector solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de dependencia en toda España.

Nos dirigimos a Usted para comunicarle que, como consecuencia de la amenaza producida por la Pandemia del CORONAVIRUS COVID-19, nos encontramos ante un riesgo cierto de no poder ofrecer la Atención Social Esencial y Servicios de Apoyo a miles de personas mayores o con discapacidad. Este serio problema, también, podría afectar a menores y otras personas vulnerables en España.
Como Usted conoce, estamos en contacto permanente con todas las Comunidades Autónomas y con nuestros socios de la Red Europea de Envejecimiento. Como está sucediendo en otros muchos sectores, los proveedores de Servicios Sociales estamos tomando medidas extraordinarias para tratar eficaz y eficientemente la prevención y contención de esta pandemia y sus consecuencias.

Sin embargo, en el ámbito de la Atención Residencial y domiciliaria, estas medidas no solo suponen un gran impacto económico para un sector ya débil e infra-financiado sino que, además, requieren un mantenimiento frente a todas las dificultades de los servicios más esenciales para la comunidad, junto a los sanitarios, es decir, nuestra tarea se multiplica en condiciones muy difíciles. 
En los centros residenciales de servicios sociales para personas mayores y en otros centros socio-sanitarios, en general, se proporciona atención, apoyo y servicios de salud a personas que pueden estar mucho más expuestas al COVID-19 que la población general.

A nuestro juicio, lo que percibimos es que las medidas se están centrando en garantizar la prestación de servicios sanitarios, olvidando que deben recibir el mismo tratamiento de protección las personas que viven y trabajan en residencias de mayores y las que son atendidas en sus domicilios. Por tanto, para la población más vulnerable y sus trabajadores, cada vez, es más evidente que las medidas adoptadas, importantes, sin duda, son INSUFICIENTES. 

El ámbito de inseguridad que generan muchas de las normativas autonómicas, ponen a las entidades ante una difícil coyuntura, contrariando el ejercicio de derechos fundamentales, o peor aún, realizando una prevención que genera riesgos de responsabilidad. Las CC.AA. derivan toda la responsabilidad a las entidades eludiendo, a veces, las suyas que son: garantizar la existencia de EPIS y materiales; y por supuesto, también, garantizar la posibilidad de ejecutar las medidas extraordinarias en centros ubicados allí dónde el negocio nunca ha querido ni querrá estar.

Quisiera ponerle de manifiesto que, en Italia, que tiene la 5ª mejor sanidad del mundo, y solo a título de ejemplo, se han levantado todas las alarmas debido a la congelación de actividades para muchos proveedores de servicios sociales en la zona norte del país, en gran parte debido a dificultades de financiación y personal. 

Con el crecimiento de la propagación del COVID-19, podría ser solo cuestión de tiempo que las Entidades del Tercer Sector de España se enfrenten a situaciones que, ojalá, no sean ni parecidas dada la fortaleza de nuestro sistema sanitario.

Todavía hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los planes puestos en marcha en las CC.AA. estén ayudando al sector de servicios sociales, en general, y de los centros residenciales y de atención domiciliaria, en particular, a afrontar con plenas garantías y eficiencia sus retos. Somos conscientes de las dificultades, pero resulta imprescindible una mayor coordinación por parte del Consejo Territorial y el Ministerio, que debe poner en su agenda, como prioritaria, esta actividad tan sensible.

La difusión de COVID-19 creará desafíos importantes para la provisión de servicios sociales de varias maneras:

  1. Por un lado, se espera que la demanda de servicios de atención residencial aumente debido al aumento de la enfermedad y la liberación temprana de muchos pacientes que, actualmente, están siendo atendidos en hospitales.
  2. Al mismo tiempo, la oferta de plazas para la prestación del servicio se reducirá hasta el punto de que muchos servicios simplemente no podrán ser proporcionados, como ya es el caso en algunas partes de Italia.
  3. Paralelamente, la evolución de la enfermedad podría provocar la imposibilidad de garantizar servicios mínimos en un sector nada atractivo laboralmente, mal pagado y escasamente dignificado, ante el que las Administraciones han evitado dar una respuesta contundente a pesar de que “una caries para el sistema de salud es la salvación para el sistema de dependencia”. 
Desde la Red Europea de Envejecimiento, de la que formamos parte, se ha trasmitido a la Presidencia de la Comisión Europea que existe un riesgo potencial de que el 20% de los trabajadores dejen de trabajar, situación que tendría consecuencias significativas en un sector laboral llevado al límite. El hecho de que los profesionales requieran de una formación específica, que, además, se irá suspendiendo y de que, por otro lado, existan ratios de personal establecidos mediante normas en todas las Comunidades Autónomas, significará que muchos proveedores de servicios tengan dificultades para encontrar trabajadores. Como Usted puede imaginar, ni qué decir tiene, respecto al personal sanitario, de muy difícil provisión, ya actualmente, en muchos territorios.
El suministro de equipos de salud y seguridad adecuados para los trabajadores (máscaras, guantes, etc…), también, es un problema dado que el sistema de salud está siendo priorizado actualmente, aumentando, en consecuencia, el riesgo de contagio en la asistencia social y contribuyendo a que se puedan producir ausencias laborales por no garantizarse medidas esenciales de prevención.En resumen, existe un riesgo significativo (y evidencia) de que el COVID-19 podría arrastrar al colapso parcial del sistema de servicios sociales de atención y apoyo; poniendo en riesgo los derechos fundamentales y la vida de millares de las personas en mayor riesgo por esta enfermedad, así como el equilibrio de salud, empleo y vida laboral de millones que tendrán que llenar el “vacío de atención”. 

Es necesario que, en sus medidas y las que desde su Gobierno y el Consejo Territorial se coordinen, se contribuya a garantizar que las entidades puedan pagar a los trabajadores las horas de más que tendrán que trabajar. Por supuesto, también, los incrementos en las plantillas que sean necesarios, así como las inversiones y gastos que sean precisos para garantizar la seguridad y bienestar de las personas atendidas y de las trabajadoras (mujeres) que son la inmensa mayoría, y los trabajadores. La mayor política feminista, en este momento, es apoyar al sector residencial y de atención domiciliaria de personas mayores. 

Los proveedores de servicios sociales y agentes sociales necesitan información precisa y asesoramiento sobre la planificación del personal, en caso de que ya no puedan garantizar las ratios acordadas sobre trabajadores y usuarios, así como para el supuesto de falta de EPIS y material necesario (medicamentos, guantes, máscaras, etc…), y, por último, sobre cómo se proporcionará la atención necesaria si se produjese una situación de suspensión de actividad por alguna entidad.

Para brindar respuestas prácticas a este desafío, se requiere acción en todos los niveles.

Por lo tanto, le instamos a garantizar que haya un esfuerzo concertado, en toda España, para apoyar de inmediato medidas de emergencia que deben ser adoptadas por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y que signifiquen convertir en realidad incuestionable la provisión continua de asistencia en el sistema de dependencia, en particular, y en los servicios sociales, en general. 

Desde luego, apoyamos sus propuestas con respecto a las ayudas estatales para fomentar la flexibilidad en el trabajo, estimular la economía, garantizar la solvencia, etc… Pero debe ser consciente de que, ciertas medidas, requieren de un aterrizaje específico al sector de la dependencia que, por otro lado, se encuentra intervenido, de facto, por la prestación de servicios públicos.

Como representantes principales de los proveedores de servicios en España, sin ánimo de lucro, de atención a la personas en situación de dependencia, le instamos a incluir nuevas medidas sanitarias, sociales y de apoyo al sector, que deben ser reales y cruciales para evitar que, lo que hoy es ,principalmente, una crisis de salud, se transforme también en una emergencia social, con consecuencias muy perjudiciales para quienes, sin ánimo de lucro, constituyen la columna vertebral de los sistemas de protección social para las personas más vulnerables en nuestro Estado.

Encontrará como anexo a esta carta una lista de prioridades que, -estamos convencidos- España debería abordar a este respecto. 

Esperamos colaborar con Usted o con los Ministros o Gabinetes que Usted designe para identificar soluciones con respecto a las necesidades específicas del Tercer Sector dedicado a la atención de personas en situación de dependencia y a los servicios sociales, en general.

Ponemos a su disposición, si lo precisa, el contacto con las demás patronales del Tercer Sector de Acción Social para poder extender su consulta.

Estamos a su disposición para tal intercambio de propuestas.

Atentamente,
Juan Ignacio Vela Caudevilla
Presidente del GRUPO SOCIAL LARES