En marzo llega la primavera y con ella el pistoletazo de salida que marca el comienzo de las campañas electorales.
En el ámbito de la atención a la dependencia, desde la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE hemos realizado una revisión de la Ley de Dependencia. Ante la vorágine de ofertas publicitarias que llenarán nuestros buzones (de email, Whatsapp, Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram), hemos querido adelantarnos y elaborar nosotros una serie de propuestas para evitar el riesgo de que sean los asesores parlamentarios los que hablen por boca de nuestro sector y saquen su baraja de ofertas para que podamos elegir una, la vuelvan a introducir en el mazo de ofertas y se transforme en otra totalmente distinta como por arte de magia. De las 14 propuestas que realiza CEOE para mejorar la atención a la dependencia, el primer lugar lo ocupa el impuso de la prestación económica vinculada al servicio (PEVS), seguido de la petición de profesionalización de los servicios, la implantación de un sistema de acreditación, la potenciación de la colaboración público-privada y la instauración de un modelo de financiación que diferencie los costes reales (módulos) de un centro residencial, distinguiendo entre servicios de tipo asistencial y social, de tipo sanitario, y de alojamiento y manutención. Esas cinco propuestas resumen lo que el sector necesita para convertir nuestro sistema en un modelo sostenible, moderno y basado en la calidad de la atención.
Por lo tanto, no son necesarias nuevas encuestas, estudios o fuegos de artificios electorales en relación con nuestro sector. La atención a las personas en situación de dependencia ofrece empleo directo a 300.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, y que bajo ningún concepto debe sufrir nuevos vaivenes electorales que puedan generar inestabilidad para los mayores y para las personas que les cuidan.
Y si ya conocemos lo que necesita el empresario del sector, recientemente hemos conocido lo que reclaman los sindicatos para alcanzar la tan ansiada paz social y estabilidad en el empleo. Las medidas que priorizan van encaminadas a conseguir un incremento retributivo entre el 2 % y el 3 % en los dos próximos años, llegando al final de 2020 con todos los salarios del sector por encima de los 14.000 euros; nuevas subidas en complementos de festivos y domingos, festivos especiales, complemento de antigüedad, reducción de la jornada anual y “un complemento de residencia del 15 % del salario para las islas y del 25 % en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”. A ver, que si estamos hablando de alejarnos de las propuestas electorales y fake news, aplicar el sentido común y analizar el coste de la vida por comunidades autónomas, nos encontramos con que las comunidades donde más caro resulta vivir son: Madrid, Navarra, País Vasco, Cataluña y Cantabria; y donde más barato: Extremadura, Ceuta, Melilla, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Por último, y en este entorno de maniqueos electorales y legislativos, todo el sector (patronales, sindicatos, grupos políticos y asociaciones de mayores) celebra con alborozo que, finalmente y tras dos años de empecinamiento parlamentario, el Grupo de Unidos-Podemos haya retirado su Propuesta de Ley de residencias para la Comunidad de Madrid. Una Ley tan necesaria como poco trabajada hasta la fecha. Instamos a los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a contactar con las asociaciones patronales y sindicales para fortalecer nuestro sector en la capital de España con una ley moderna, que fije unos ratios adecuados, que asegure una calidad asistencial de primer orden mediante un sistema de acreditación, y que garantice una financiación de las plazas públicas que vaya acorde con la calidad ofrecida. En caso contrario, veremos cómo desaparecen en los próximos años las plazas residenciales privadas que las empresas ponen a disposición de la administración regional.
¡¡Buenas elecciones, y disfruten lo votado!!
Jesús Cubero. Secretario general de Aeste.
