Por José Manuel Ribera Casado
Cuando hablamos de personas mayores y de edadismo hay muchos hilos de los que tirar. A veces hasta con resultados positivos. Hace justo un año comentaba en esta columna la iniciativa del médico alicantino Carlos San Juan quien, con su “somos mayores pero no tontos”, había logrado despertar y movilizar a cientos de miles de compatriotas en una campaña sobre la mala atención a nuestro colectivo por parte de las entidades bancarias. Una idea muy brillante que puso sobre el tapete un problema evidente y que se ha traducido en algunas mejoras.
En esta ocasión pretendo glosar, muy brevemente, otra iniciativa positiva centrada en el mismo tema. Me refiero al informe dirigido al Defensor del Pueblo, elaborado por “Finsalud” y firmado por su presidente, Fernando Zunzunegui, con el título de “Exclusión financiera: actuaciones y propuestas”.
Finsalud es una fundación surgida hace unos años a raíz de determinados abusos bancarios, con gran eco mediático en su momento, como las estafas conocidas como “preferentes” o “multidivisas”, cuyas víctimas principales fueron las personas mayores. La fundación pretende no sólo denunciar y contribuir a la reparación del daño, sino también llevar a cabo estudios que permitan conocer los efectos sobre la salud a que da lugar esta manera de proceder. Los resultados de esos estudios son demoledores: ansiedad, depresión, problemas de sueño y otras muchas limitaciones con repercusión directa en la propia salud y en la calidad de vida de los afectados.
El informe actual pretende profundizar en estas materias y sugerir a los poderes públicos estrategias de prevención y actuación. La figura del Defensor del Pueblo parece un buen vehículo para dar una salida eficaz a este tipo de documentos. El informe, extenso (68 páginas) y bien documentado, destaca la “falta de accesos a servicios financieros básicos, en particular al efectivo y a los servicios de pagos, lo que conduce a la exclusión de los colectivos más vulnerables”, entre ellos a los ancianos, sobre todo si viven en zonas rurales poco pobladas. Examina también “el marco legal y la respuesta de las autoridades financieras”.
En una primera parte de carácter descriptivo se detallan algunos de los efectos negativos de la llamada “reconversión bancaria”, entre ellos el cierre de sucursales, la reducción de personal, la retirada de cajeros, la automatización de las operaciones y la tendencia a la subida de las comisiones ante cualquier tipo de servicio. Todo ello representa una pérdida de relaciones interpersonales y de la confianza en la institución. También inseguridad, dificultades crecientes ante una tecnificación para la que la población mayor está poco preparada, merma de autonomía y, en definitiva, exclusión financiera.
Los servicios financieros básicos son servicios de interés general
Se da cuenta, igualmente, de los resultados de una encuesta llevada a cabo entre instituciones afectadas por este proceso, así como de las medidas que ha tomado y pretende tomar la administración para paliar los efectos negativos que se van detectando. Entre ellas, la de considerar los servicios financieros básicos como “servicios de interés general” y, en base a ello, generar un proyecto de ley de inclusión financiera que refuerce la protección de los clientes más vulnerable.
En la parte final, el informe sugiere medidas facilitadoras para la población menos experta. Entre ellas “incrementar la información con la que cuentan los poderes públicos para afrontar el problema”. También tomar en consideración la opinión de los interesados y respetar un “Plan y Protocolo de inclusión financiera” pensado en función de los clientes más vulnerables. Se propone recuperar con nuevas iniciativas el potencial de correos como prestador de servicios financieros básicos. También facilitar el uso del dinero en efectivo, lo que entre otras ventajas, como la familiarización al respecto de que dispone la población mayor, supone un ahorro importante en comisiones. Se aboga por recuperar una atención presencial personalizada y recurrir a sanciones efectivas contra las entidades que no se ajusten a las normas que se establezcan.
En definitiva, se trata de un documento altamente positivo que cabe desear sea atendido en sus puntos principales, centrado en facilitar la inclusión financiera del colectivo que representan aquellas personas que lo tienen más difícil. Un intento más por logar que los mayores puedan mantener su integración en la sociedad, dentro de un engranaje tan importante y complejo como viene resultando todo lo que corresponde al sistema financiero y a la relación con los bancos en general.
