Fermín Mínguez
Gerontólogo y desarrollador de negocio
Parece que en este 2021 que cerramos, centrados en pandemias, postpandemias, crisis energéticas, volcánicas y esperemos que ninguna más, no ha pasado nada relevante para el sector, centrado en resistir y defenderse de una presión social generalmente injustificada.
Pero no, por debajo del ruido, donde suele ocurrir lo importante en la vida, han pasado algunas cosas que pueden ser definitivas para su desarrollo y su adaptación a nuevos modelos de negocio emergentes. Se pueden resumir con tres publicaciones en el BOE, las tres de la mano.
La primera fue la publicación el 30 de abril de 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Detrás de un nombre tan poético esconde los objetivos y planes de distribución de un torrente de millones de ayudas públicas dirigidas al resurgimiento de la economía del país. En este documento de más de 400 páginas hay un epígrafe exclusivo para un “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, que habla de “reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración”, insistiendo en impulsar “cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización”. Como aperitivo no está nada mal, ¿no creen?
Seguro que hay quien lo ve como amenaza. Sin embargo, hay una oportunidad increíble de integrar cuidados y de ir a un modelo, por fin, real donde la persona elija. No esa atención centrada en la persona que empezamos a tener demasiado manida, sino una atención real centrada en la voluntad de la persona. Ojo que el matiz es importante. El sector propone y el usuario dispone.
Para corroborar que esto no es flor de un día, el 3 de junio se publica la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, en vigor desde el 3 de septiembre. La ley requiere profundizar en ella, pero como punto fuerte elimina la figura de la incapacitación, potencia la capacidad de decisión de la persona antes incapacitada, y facilita la labor de seguimiento por parte de terceros. Además de ordenar la actualización de todos los expedientes a la nueva normativa antes de tres años. Dice que si no lo hará de oficio el juzgado, pero bueno, ustedes y yo ya sabemos…
Y la tercera es la publicación el 5 de noviembre de la Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, que establece las bases reguladoras para proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y en el ámbito de los cuidados de larga duración. Busca innovar en procesos y formas para favorecer la decisión del usuario sobre el recurso que necesita y quiere. No significa que se vaya a sacar a todo el mundo de las instituciones, sino que estará en las instituciones quien lo necesite y así lo quiera. Que esto, entre nosotros, tiene bastante sentido ético.
Pues en resumen tenemos tres patas: un plan que articula la necesidad de adaptar servicios y propuestas a la voluntad (que está más allá de la necesidad) del usuario; una legislación que habilita y articula la toma de decisiones y una normativa que promueve mayor flexibilidad en la elección de recurso por parte del usuario.
Es el escenario perfecto para un replanteamiento integral de la propuesta de servicio sectorial. Es la hora de asumir los retos profesionales que tanto tiempo hemos reclamado. Es la hora de generar oportunidades y dar un paso adelante. Podemos dar un paso adelante y demostrar la potencia de este sector.
¿Qué hacemos? ¿Jugamos?
