José María Toro. Presidente de Aerte

Reflexiones sobre el nuevo decreto de tipologías de la Comunidad Valenciana

José María Toro 

Presidente de Aerte

Desde hace más de un año, se está tramitando en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas el nuevo marco normativo por el que se regularán los centros y servicios sociales de la Comunidad Valenciana a partir de ahora. Este decreto era necesario para adaptar las características de los recursos a las nuevas necesidades de las personas que atendemos, ya que la normativa que regulaba muchas de ellas tenía más de 15 años.

En este proceso en el que ha participado activamente AERTE, planteábamos un requisito de forma y tres requisitos de fondo, claves para el éxito del nuevo modelo.

El requisito de forma consistía en que no era suficiente hacer un modelo participativo, sino que era imprescindible consensuar la propuesta. Una norma que va a fijar los mínimos necesarios para la regulación de sector durante la próxima década debería ser construida con las aportaciones y cesiones de todas las partes implicadas, buscando un resultado mayoritariamente avalado. A pesar de la intensa participación de muchas entidades y ausencias importantísimas, como la de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, muchísimas propuestas han sido rechazadas y no podemos entender el modelo como algo común.

Respecto de los requisitos de fondo, y teniendo en cuenta la carencia de plazas que sufre la Comunidad Valenciana, el planteamiento era que el nuevo modelo no podría provocar la pérdida de ni una sola plaza, exceptuando de manera automática las que se pudieran ver afectadas del cumplimiento de las nuevas cuestiones arquitectónicas. Al mismo tiempo, debería fomentar la creación de nuevas plazas para reducir el déficit actual existente, cifrado en 22.000.

La obligatoria adaptación a las unidades de convivencias de 15 plazas, aunque sea en un plazo largo de tiempo, con la posibilidad de eximir de ese cumplimento en función del criterio de la Administración, genera una inseguridad jurídica que acabará provocando la pérdida de plazas.

Por otro lado, algunos de los requisitos recogidos en la futura normativa valenciana están por encima de los exigidos por el acuerdo de acreditación del Consejo Territorial de Dependencia, que ya supone un importante avance, lo que hace menos interesante la inversión privada en la Comunidad Valenciana respecto a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, la generación de plazas nuevas será mucho menor de lo necesario.

El tercer requisito de fondo que solicitamos es que el nuevo modelo no podía costar ni un solo euro más a las personas usuarias, que ya están al límite de su capacidad de copago. Por lo tanto, el aumento de las prestaciones debería ser igual que el incremento que supone la puesta en marcha de los nuevos requisitos. Esta situación, vista la memoria económica del decreto, tampoco se cumple. El impacto mensual por plaza en los centros de día del nuevo personal se establece en 633 euros, pero el aumento de las PVS será de 112,27 euros, lo que supone una diferencia de 521 euros mensuales que deberán ser asumidos por las personas usuarias. En el caso de las residencias de personas mayores, el aumento de coste por el nuevo personal supone 573,36 euros mensuales, frente a la subida de 286,40 que presupuesta la Consellería, lo que conlleva un copago de casi 300 euros más.

Por lo tanto, el modelo no se ha consensuado, no garantiza que se conserven las plazas existentes, no parece que fomente la inversión para generar las necesarias y no cubre la totalidad del coste que conlleva. En este escenario, lo deseable sería que la Consellería replantease el modelo. Sin embargo, ha decidido continuar.

Aún estamos a tiempo de corregir la situación, pero no sabemos si existe la suficiente voluntad política.  

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