El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) alerta de la situación de vulnerabilidad que sufren cada vez más las personas mayores, agudizada por la pandemia, y reclama más recursos para la atención a la dependencia.
Según la última Encuesta Europea de Salud en España (EESE), realizada entre julio de 2019 y julio de 2020, y publicada por el Instituto Español de Estadística (INE), el 19,5 % de la población de 65 años en adelante tuvo dificultad para realizar alguna actividad básica de la vida diaria, como asearse (16,5 %), vestirse (13,7 %) y sentarse o levantarse (13,2 %). Por sexos, estas dificultades se dan más en mujeres (24,3 %) que en los hombres (13,3 %).
“Es pronto para ver los verdaderos efectos del confinamiento y la soledad en la salud de estas personas”, señala Mar Ugarte, adjunta a Presidencia del CEDDD. Pero las previsiones son poco halagüeñas: la limitación del movimiento y el estado de ánimo a la baja puede afectar aún más a su dependencia funcional.
La última EESE concluye también que ocho de cada 10 personas (82,0 %) con dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria disponen de ayuda personal o técnica para ejecutarlas, aunque para más de la mitad (53 %) esta ayuda es insuficiente. “No olvidemos que en el año 2050 el 40 % de los españoles tendrán más de 65 años”, recuerda Ugarte.
Las dificultades para asumir las rutinas diarias básicas aumentan con la edad, según la encuesta. En el grupo de 85 años en adelante, hasta el 39,3 % en el caso de los hombres y el 60 % en el de las mujeres.
Mayor financiación y recursos
Ante esta situación, el CEDDD reclama una mayor financiación y designar más recursos a la atención a la dependencia, a fin de dar respuesta a cerca del millón y medio de personas dependientes que hay en España (un total de 1.356.473 a diciembre de 2020).
La entidad, que integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a la discapacidad y a las personas mayores, pide situar el presupuesto destinado a la dependencia en el 2 % del PIB y que haya solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad entre administraciones, de forma que el Estado cumpla con el 50 % de aportación que marca la Ley.
